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Combatir la corrupción para lograr un desarrollo más sostenible |
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mayo 2006
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa de compromiso ético destinada a que las empresas de todo el planeta integren, a su estrategia y operaciones, principios de conducta y acción en materia de derechos humanos, laborales y de medio ambiente. A partir del año 2004, se añadió un nuevo principio a los nueve anteriores, donde se hace referencia a la lucha que las empresas deben impulsar contra la corrupción, la extorsión y el soborno.
Este hecho resulta fundamental a la hora de entender la relación existente entre la corrupción y el desarrollo socioeconómico de las regiones. La ecuación es simple: analizando distintos informes de Transparencia Internacional se llega a la conclusión de que, a mayores niveles de corrupción, el grado de desarrollo en cualquier región cae vertiginosamente.
Por otra parte, las empresas se han transformado en el motor que hace girar la rueda de las distintas economías nacionales. Y el poder de algunos CEOs es inclusive mayor que el de muchos presidentes de estados considerados débiles. Este poder implica responsabilidad. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, sostiene que “los valores éticos de los empresarios y los profesionales de un país (y otros actores sociales clave) son parte de sus recursos productivos”.
Son conocidos los casos de algunas empresas multinacionales que emprendieron con firmeza la lucha contra el pago de sobornos a la hora de obtener contratos públicos en el extranjero o en sus propias áreas de influencia. En un principio se pensó que ello podía afectar su competitividad frente a los rivales en el mercado, aunque el tiempo se encargó de demostrar lo contrario.
El acto de manifestar abiertamente la oposición a prácticas corruptas para la obtención de licitaciones públicas puso en evidencia a las compañías competidoras, que se valían de este recurso para adjudicarse los contratos. Muchas notaron que, si quedaban pegadas a casos de corrupción ganando licitaciones sospechadas de fraude -por citar un ejemplo-, pasaban a ser consideradas socialmente vulnerables, con graves consecuencias para su imagen institucional y permanencia en el mercado, en el mediano y largo plazo. Ergo, terminaron por sumarse a la propuesta original de la empresa pionera.
La presión de los consumidores -exigiendo transparencia en la conducta de las firmas- también determinó que muchas empresas terminaran adoptando directrices éticas en sus respectivas gestiones, en procura de lograr la “licencia social para operar” que las comunidades y sociedades cada vez retacean más.
A principios de siglo, esto se ha hecho más evidente con los resonados casos de Enron y Parmalat, que derivaron en fuertes reclamos hacia las compañías de conducta ética por parte de una diversidad de públicos cada vez más exigentes. El pedido de transparencia surgió también entre los inversionistas en la Bolsa de valores, con todo lo que ello implica.
En la actualidad, la opinión pública está en constante alerta acerca de la actuación de estas corporaciones, que están siendo monitoreadas además por ONGs y por los medios masivos de comunicación.
Bernardo Kliksberg insiste en que las visiones económicas predominantes en la región tienden a desvincular ética y economía. Esta idea de que los valores no importan mayormente en la vía económica práctica ha facilitado la instalación de prácticas corruptas, causando enormes daños. Sólo así se explica que una región potencialmente tan rica como Latinoamérica muestre niveles de desarrollo socioeconómico tan pobres, y alarmantes niveles de desigualdad social entre su población.
Las estadísticas provistas por Kliksberg muestran datos escalofriantes. Por citar un ejemplo, informes de México sostienen que 19 personas poseen más riqueza que 19 millones de habitantes. A veces se torna necesario dar a conocer estos detalles para tener una idea más acabada de la realidad en que vivimos.
Resulta imposible imaginar un crecimiento económico de la región sin un sector empresario pujante y activo, que sepa adaptar su gestión a los nuevos desafíos que plantea la ética, adoptando valores que beneficien tanto su productividad como su posicionamiento en las comunidades donde opera.
¿Podrán las empresas de Latinoamérica llevar adelante este desafío y trabajar para el resurgimiento de la región a partir del aprovechamiento de todos los recursos que ésta posee? ¿Será posible lograr que la buena intención de algunos empresarios encuentre respaldo en las decisiones políticas de nuevas dirigencias, con un sentido de responsabilidad política más amplio que el que conocemos? ¿Será correspondido este nuevo estilo de gestión por los consumidores cuándo éstos detecten quién es quién en el contexto empresarial? Sólo el tiempo nos dará una respuesta más clara.
Juan Manuel del Campillo
Área Comunicaciones
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