MADRID.- En África subsahariana, cada profesor da clase a una media de 50 estudiantes, y hasta a 69 en países como Chad. Para alcanzar una cifra 'razonable' de 40 alumnos por docente, el número de estos debería aumentar un 20% anual. Medio centenar de niños ha acudido a la sede de la Comunidad de Madrid y al Congreso de los Diputados para pedir a sus respectivos presidentes, Esperanza Aguirre y Manuel Marín, que tomen medidas.

Estos 52 escolares, que han recorrido Madrid en el 'Autobús de la Educación', forman parte de los miles que participan en la Campaña Mundial por la Educación (CME) que, bajo el lema 'Todos los niños y niñas necesitan profesores', se están movilizando en más de 115 países.

En España, la iniciativa ha sido promovida por Alboan, Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras, Entreculturas, FE-CCOO, FETE-UGT, Intermón Oxfam y STES-I. Estudiantes de 30 ciudades han llevado a cabo actos reivindicativos, con idéntico objetivo.

"Hemos reflexionado en clase sobre cómo sería nuestra vida si viviéramos en un país del Sur y nos hemos dado cuenta de que no tendríamos muchas oportunidades. Estuvimos viendo que uno de los Objetivos del Milenio de la ONU es lograr educación para todos, pero parece que aún no se ha conseguido y por eso queremos presionar a nuestros políticos, para que tomen medidas", afirma Juan Carlos Sancho, estudiante de 17 años, del colegio Menesiano de Madrid.

A la escasez de docentes se suma la deficiente remuneración de los mismos, que en ocasiones les impide subsistir de forma digna, así como su inadecuada formación. En países como Tanzania y Cabo Verde, el 60% del profesorado sólo ha completado los estudios de primaria.

A pesar de que en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Dakar en 2000, y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, firmados por la ONU, los líderes políticos se comprometieron a conseguir la educación universal en 2005, el reto está lejos , ya que en 96 países aún no existe paridad de sexos en enseñanza primaria y secundaria.

Por todo ello, la CME pide a los responsables políticos españoles que, al menos, el 8% de la ayuda a los países en desarrollo se destine a educación y que el importe de los canjes de deuda se emplee también en educación y otros servicios sociales básicos, entre otras medidas.