MADRID.- Videojuegos en los que se incita a matar, torturar y practicar todo tipo de actos violentos están al alcance de cualquier niño en España, según denuncia Amnistía Internacional (AI). La organización pide al Gobierno una legislación estatal que ponga fin a la indefensión de los menores ante este tipo de produtos de entretenimiento "que banalizan la violación de los derechos humanos".

Cerca de 3,5 millones de menores consume videojuegos a través de la consola, el teléfono móvil e Internet, un sector que mueve anualmente en España 790 millones de euros. De ellos, tres cuartas partes reconoce que lo hace con títulos recomendados para mayores de 18 años, según el estudio de AI, basado en datos de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software y Entretenimiento (ADESE).

En la actualidad, sólo existe un código de regulación asumido de forma voluntaria por la propia industria, a través del sistema de clasificación por edad PEGI (Sistema Paneuropeo de Información sobre Juegos). Este sistema establece una recomendación del producto por edad y por contenido, con símbolos visibles en la carátula del mismo.

En su estudio, AI ha constatado que numerosos videojuegos incumplen esta normativa, especialmente en su publicidad y promoción, ya que sólo muestran la categoría de edad y eluden la relativa al contenido: violencia, drogas, sexo... Y cuando aparece, en muchas ocasiones no se corresponde con la realidad.

"Para nosotros, los derechos humanos no son voluntarios, no pueden dejarse en manos de las empresas que comercializan los videojuegos. Se trata de un producto de mercado, como las galletas, y requiere todas las medidas de protección para el consumidor. La industria tiene como principal interés el económico, es el Gobierno quien debe protegerles", afirma el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán.

Por el contrario, el secretario general de ADESE, Carlos Iglesias, afirma que "el hecho de que el sistema PEGI sea voluntario no significa que no sea bueno y eficaz". De hecho, señala, ha sido suscrito por todos los países europeos y cuenta con el respaldo de la antigua comisaria Europea de Educación, Viviane Reding.

Iglesias niega las acusaciones de Amnistía y apela a la responsabilidad de los padres en el control de los productos de entretenimiento que consumen sus hijos.

En su informe 'España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego', AI acusa al Estado español de incumplir la protección de los derechos de la infancia porque "los canales de distribución y los puntos de venta no disponen de medidas eficaces para controlar el acceso de éstos a los videojuegos" y denuncia la ausencia de una legislación estatal al respecto.

La organización valora la creación de una comisión interministerial por parte del Gobierno para elaborar un informe sobre la actual situación de la regulación y control de los videojuegos a nivel estatal, pero señala que todavía no se ha pronunciado.

La única legislación desarrollada se circunscribe al ámbito autonómico, aunque hay comunidades, como Baleares, que carecen de normativa en este sentido y, en las que sí existe, adolece de falta de concreción en muchos casos y de incumplimiento y falta de información, en otros.