A 30 de Diciembre.

Las fronteras entre el desarrollo y la necesidad pueden hacerse aún más estancas en los próximos meses si entra en vigor un proyecto de ley, ya aprobado en la Cámara de Representantes estadounidense, que constituye la persecución industrial más concienzuda a la inmigración ilegal procedente de México.

El texto prevé la construcción de un muro -como el de la vergüenza en Berlín, ha dicho el presidente mexicano Vicente Fox- potentemente iluminado y con cámaras como ojos a lo largo de los más de mil kilómetros de divisoria entre los dos países, cuyo objeto es impermeabilizar el acceso a los Estados limítrofes: California, Arizona, Nuevo México y Tejas. La ley convertiría, además, en delito la entrada ilegal en Estados Unidos, de forma que en lugar de ser deportados, como hasta ahora, los espaldas mojadas -así llamados porque algunos tienen que cruzar a nado el río Bravo que separa en parte ambos países- podrían ir a la cárcel.

Los sin papeles se cree que oscilan entre los 12 y 20 millones, y de ellos, cerca de dos tercios son de origen mexicano, contingente que hay que sumar a una población hispanohablante de, al menos, otros 30 millones de antiguos inmigrantes o ya naturalizados estadounidenses. Las pateras terrestres -en general, camionetas- de organizaciones mafiosas que prometen un cruce sin peligro de esa divisoria transportan anualmente a unos 900.000 aspirantes, sobre todo de México y América Central, a hacer suyo el sueño americano. Cientos de ellos mueren año tras año en el empeño.

Hay que reconocer que, a salvo quizá de una ayuda masiva al subdesarrollo que todos sabemos que no va a producirse, el problema tiene rara solución. Pero ni valla ni muro pueden serlo. Y en el caso mexicano, el contraste con las esperanzas manejadas a comienzos del mandato de Fox, hace cinco años, es sangrante. Éste y su homólogo estadounidense, George W. Bush, hablaban entonces de regularización masiva de inmigrantes, de ordenamiento generoso del flujo de trabajadores, de cooperación en un terreno que beneficia a ambos países, porque uno descarga oferta laboral sobrante y el otro compra muy barata la que necesita. Y este proyecto de ley lo que expresa, en cambio, es la mayor altanería, la nada graciosa desenvoltura del vecino del Norte en su trato a los pueblos de América Latina. Por todo ello, la ley sería muy merecedora de ser vetada por el presidente Bush.

Fuente: www.elpais.es