A 29 de Diciembre.

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra desea exponer, mediante esta nota, su indignación  frente a la actuación de la mayoría de la Comisión Parlamentaria Mixta de la Tierra que, cumpliendo los objetivos criminales y odiosos de la UDR (Unión Democrática Ruralista) y sus aliados, actuó para desvirtuar el objetivo original de la comisión, que era trazar un amplio diagnóstico sobre la estructura  de la propiedad de la tierra brasileña, los procesos de Reforma Agraria y urbana y proponer soluciones para los problemas encontrados.

El relator de la CPMI de la Tierra, diputado João Alfredo (PSOL/CE), presentó un informe con un diagnóstico profundo de la situación agraria de nuestro país y diversas propuestas para que la Constitución  brasileña  se cumpla, o sea, que la tierra sea democratizada. Ese es el  motivo por el que la bancada ruralista, siendo mayoría en la composición de la Comisión, actuó en forma contraria a la relatoría, pues tiene como único objetivo criminalizar a los movimientos sociales del  campo y  deslegitimar las actividades de diversas entidades que luchan por la a Reforma Agraria en Brasil.

El voto del diputado Abelardo Lupion (PFL/PR), conocido parlamentario  vinculado a UDR y que responde a un requerimiento pendiente en el Supremo Tribunal Federal, por el uso de recursos
en dos campañas electorales, expresó su visión torcida del latifundio atrasado de nuestro país, que ignora la situación de exclusión  social de más de 4 millones  de familias Sin Tierra en Brasil.  Silencia el hecho incontestable de que en los últimos tres años fueron liberados cerca de 12.500 trabajadores encontrados en situación  de esclavitud en más de 400 haciendas; silenció y escondió la terrible cifra de 1.500 trabajadores muertos en los últimos 20 años; sobre las milicias de pistoleros de los hacendados; sobre la concentración  de la tierra; sobre el robo de tierras; sobre los desvíos de recursos públicos de la  SUDAM (Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia).

La  parcialidad se expresa en el análisis que hace de los recursos públicos a las diversas entidades, pues es imposible no percatarse que las tres entidades encargadas de la Reforma Agraria investigadas en la Comisión, recibieron, en diez años,  el 4% de lo que recibieron  las entidades patronales, defendidas por la bancada ruralista. Las patronales sumaron 1,51 billones de reales.

Se expresa también la tentativa de solicitar al Ministerio Público que denuncie a los líderes del  MST sin presentar ningún hecho concreto, que fundamente legalmente la apertura de investigación
o denuncias contra estos trabajadores.

Ese posicionamiento ya fue analizado varias veces por tribunales de nuestro país que rechazaron  la posibilidad de criminalizar a los trabajadores rurales por el hecho de ocupar latifundios. Reconocieron también la legitimidad de este tipo de acciones que buscan el cumplimiento de la Constitución por los gobiernos.

La  disputa ocurrida en esta Comisión Parlamentaria expresa la oposición ideológica de los latifundistas contra las familias Sin Tierra que luchan por una vida digna en el campo. La mayoría de esas grandes áreas es improductiva, algunas utilizan mano de obra esclava y destruyen el medio ambiente, características que determinan el uso de las mismas áreas para fines de reforma agraria, conforme garantiza nuestra Constitución.

Los datos del INCRA indican que el 51,4% de los predios calificados como  gran propiedad  son  improductivos, o sea más de 133 millones de hectáreas de tierras no atienden las exigencias de productividad y podrían ser expropiadas  para fines de reforma agraria. Y más aún se rebela que,  el 1,6% de los propietarios con predios que superan las mil hectáreas poseen el 46,8% del área total existente en el país.

Después de  realizar 43 viajes a nueve estados brasileños, abrir 125 investigaciones y analizar cerca de 75 mil documentos, se constató una enorme concentración latifundista, robo de tierras,
violencia en el campo y la utilización de trabajo esclavo, algunas soluciones para esos problemas en el campo son señaladas.

La  necesidad de una reforma agraria masiva y de calidad en el cumplimiento de las metas del II Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA), suscrito por el gobierno federal, que consiste en asentar 400 mil familias acampadas. Apenas el 45% de las metas fueron  cumplidas, y queda poco más de un año para la conclusión de su mandato. Para eso es preciso realizar un catastro de las propiedades rurales, la actualización de los índices de productividad, que están desfasados desde hace más de 30 años.

La Cámara de los Diputados, que debería ser la representación del pueblo brasileño, demuestra una vez más  que continúa siendo un instrumento de defensa de los poderosos de nuestro país, que
se resisten a la realización de la  Reforma Agraria. El  Movimiento repudia las posiciones presentadas en la relatoría aprobada y reafirma su compromiso de continuar su lucha para que las más de 4,8 millones de familias Sin Tierra tengan acceso a la Reforma Agraria.

Fuente: Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Terra