A 25 de Diciembre.

El gobernador de Virginia, Mark Warner, regaló el sábado una alegría a quienes piensan que la pena de muerte en EEUU no se aplica siempre a reos culpables. Un portavoz del gobernador demócrata anunció que éste ordenará someter a pruebas de ADN el cadáver de un preso ejecutado en 1992 para determinar por vía científica si cometió --o no-- el crimen por el cual fue condenado.

El anuncio vuelve a poner en tela de juicio la aplicación de la pena capital en EEUU, ya furiosamente criticada con ocasión de la reciente ejecución del rehabilitado Stanley Tookie Williams y, a comienzos de diciembre, la de Kenneth Lee Boyd, el ejecutado número 1.000 desde que el castigo fue restaurado en 1976. El nombre que ahora, con la decisión de Warner, puede pasar a la historia, es el de Roger Keith Coleman, que el 20 de mayo de 1992 murió en la silla eléctrica acusado de haber violado y asesinado a su cuñada.

Coartada verosímil

Durante el juicio, Coleman alegó siempre que ni siquiera había estado en el lugar del crimen y presentó una coartada que fue corroborada por varios testigos. Además, los abogados de apelación de Coleman leyeron mal el estatuto que rige los plazos para interponer un recurso y presentaron su escrito un día después de lo estipulado. La justicia de Virginia sostuvo que presentar el recurso un día tarde equivalía a no presentarlo y rechazó entrar al estudio de sus argumentos.

El gobernador Warner ordenará las pruebas de ADN a más tardar dentro de tres semanas. De acuerdo con su portavoz, ya existe un acuerdo con la familia de Coleman sobre la forma de llevarlas a cabo, y se sabe que tendrán lugar en un laboratorio de California. En caso de que los resultados lo exoneren, será la primera vez que se demuestre científicamente la inocencia de un ejecutado, con lo que eso tendría de moralmente devastador para la aplicación de la pena de muerte en EEUU.

Un historial de compasión

Los detractores del castigo máximo reaccionaron con el esperable entusiasmo. Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, recordó que "el alegato de los defensores de la pena de muerte es que ningún inocente ha sido ejecutado", y anticipó que la demostración científica de la inocencia de Coleman enterraría definitivamente esta afirmación. El argumento de justicia casi bíblica --ojo por ojo-- al que recurren muchos de los estadounidenses agrupados en el 60% que apoyan la pena de muerte quedaría, por lo menos, seriamente devaluado.
La decisión del gobernador de Virginia no ha sorprendido a nadie. Warner se negó a pasar a los libros de historia como el gobernador que había autorizado la ejecución número 1.000, otorgó clemencia al reo Robin Lovitt y cedió el dudoso honor a su colega de Carolina del Norte, el también demócrata Michael Easley, quien no tuvo piedad con Lee Boyd.

"El Estado tiene que asegurar que cada vez que se aplica el castigo final, éste tiene que ser justo", manifestó Warner cuando conmutó la pena de muerte de Lovitt por cadena perpetua. Esta semana, el gobernador de Virginia dio más pruebas de cordura al perdonar a dos hombres que habían cumplido 20 y 11 años por violación. El ADN demostró que habían sido condenados por error.

3.500 condenados

No hubo compasión, en cambio, en el caso de Tookie Williams. Reo arrepentido que siempre se declaró inocente de los cuatro asesinatos por los que fue condenado, Williams fue ejecutado el pasado día 13 después de que el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, se negara a conmutar la pena. Como entonces, el caso Coleman volverá a levantar polvareda. Es esperanza para los 3.500 presos que esperan en el corredor de la muerte.

Fuente: www.elperiodico.com