A 24 de Diciembre.

Por Gonzalo Aragonés.

La Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó ayer una de la reformas legislativas más polémicas desde que el presidente Vladimir Putin llegó al poder, en el 2000. Los diputados, mayoritariamente pertenecientes al partido pro Kremlin Rusia Unida dieron el visto bueno en tercera lectura a unas leyes que aumentan el control del Estado ruso sobre las 450.000 organizaciones no gubernamentales que trabajan en Rusia. Las ONG, especialmente las extranjeras, el Consejo de Europa y gobiernos como el de EE.UU. en labios de su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se han mostrado muy críticos con esta medida.

Los cambios, que aún deben ser aprobados por el Consejo de la Federación (Cámara Alta o Senado) y luego firmada por Putin, han sido defendidos especialmente desde el Kremlin y apoyados por los diputados, que ayer los aprobaron con 357 votos a favor y 20 en contra. La Administración del presidente y el Gobierno creen que es necesario ejercer más control sobre las actividades de las ONG y de sus medios financieros, como una forma de aumentar la seguridad del Estado.

"Esta ley se basa en estándares generalmente aceptados en el mundo", dice el diputado de Rusia Unida Alexei Ostrovsky. "Creo que la Administración Bush y el primer ministro británico, Tony Blair, harían exactamente lo mismo: prohibir ONG de países con los que EE. UU. tiene relaciones tensas, como Irán y Corea del Norte, por ejemplo".

La primera causa de polémica fue la obligación de que las ONG y organizaciones sin ánimo de lucro con oficinas centrales en el extranjero y presencia en Rusia deberían registrarse como ONG nacionales.

Tras un mes de protestas, el presidente Vladimir Putin terció hace dos semanas y propuso retirar la obligación de volver a registrarse a las ONG ya existentes. Esta modificación, entre otras 60 enmiendas, fue introducida esta semana antes de la aprobación de ayer.

Aun así, las ONG siguen disconformes y temen perder la libertad para ejercer sus actividades. "Esto significará la destrucción de la sociedad civil en Rusia", afirma Tatiana Kasatkina, jefa de la organización de derechos humanos Memorial.

Muchos creen que el control de las actividades supondrá el cierre de muchas organizaciones. "Se prevé que haya dos consejos, uno en el país de origen de laONG y otro formado por personas que vivan en Rusia. Eso supone dos direcciones, con diferentes visiones sobre sus prioridades", según Alexander Petrov, vicedirector de Human Rights Watch en Moscú. "Creo que muchas ONG extranjeras, incluidas Human Rights Watch, Amnistía Internacional o Reforma Penal Internacional serían simplemente obligadas a cerrar sus oficinas en Rusia".

Desde Rusia Unida se asegura que la medida es una forma de aumentar la lucha contra el terrorismo y el extremismo islámico. Pero la oposición y las ONG apuntan otra causa: las recientes revoluciones de terciopelo en Georgia (2003) y Ucrania (2004), las revueltas que cambiaron el gobierno en Kirguistán (marzo del 2005) y las actividades de la oposición en otras ex repúblicas soviéticas como Azerbaiyán y Kazajstán. El motivo es que algunas ONG participaron en las manifestaciones que provocaron cambios en el poder en Georgia, Ucrania y Kirguistán, gracias a la financiación extranjera. "No creo que la ley esté relacionada con los acontecimientos de Ucrania y Georgia, donde algunas ramas locales de ONG extranjeras fueron fundadas por los servicios especiales de EE. UU. y otros países", sostiene el diputado Ostrovsky. "Sería bueno que esas ONG abandonasen Rusia, porque no defienden los derechos y libertades del pueblo ruso".