A 13 de Junio,

Por Álvaro de Regil Castilla

Debido a la corrupción global de la democracia representativa, no existe posibilidad de hacer que la Responsabilidad Social Corporativa responda genuinamente a las demandas sociales a menos que se siga la lógica del mercado y ejerzamos nuestro poder como consumidores.

Cambiando la Mentalidad Empresarial 

En el actual debate, algunas personas argumentan que las corporaciones pueden poner en riesgo el apoyo de los accionistas al no utilizar a la RSC para hacerse competitivas. A pesar de la ausencia de prácticas empresariales esenciales, como los salarios dignos, hay un número creciente de fondos de inversión social, de directivos de otros fondos y de accionistas que exigen a las corporaciones que incorporen a su cultura empresarial una variedad de prácticas de RSC. En una encuesta del Foro de Inversión Social Inglés en 2000, de los primero 500 fondos de pensiones, 59% de ellos, que representan el 78% de los activos, están ahora buscando incorporar a sus estrategias de inversión decisiones de inversión socialmente responsables.11 Un caso en cuestión, la Asociación de Aseguradoras Británicas exige de las aseguradoras que adopten prácticas de RSC y, con el fin de proteger el valor del accionista, ha desarrollado directrices de reporteo.12 En otra encuesta, más de la mitad de los analistas y dos tercios de los inversionistas creen que una empresa que enfatiza su desempeño social y ambiental es atractiva para los inversionistas.13 No obstante, atender las necesidades de los accionistas sin utilizar a la RSC para atender las necesidades de la sociedad civil pone en riesgo el apoyo tanto de consumidores como, subsecuentemente, de los accionistas cuando los costos de ignorar a la sociedad civil dañan a los intereses de los accionistas. La auténtica RSC es benéfica para todos los actores ya que está diseñada para alcanzar un entorno global económico, social y ambiental verdaderamente sostenible tanto en el Norte como en el Sur. La pregunta obligada es: si la RSC es tan benéfica para todos, por qué hay tanto rechazo empresarial a realmente comprometerse con una RSC genuina e incluyente, ya que, en el mejor de los casos, sólo se quiere practicar una RSC selectiva, sobre todo para verse bien sin hacer el bien público. La respuesta yace en la mentalidad de negocios de extremadamente corto plazo que domina al actual entorno empresarial. El capitalismo global está dominado por una mentalidad completamente especulativa impuesta por quienes dirigen a los mercados financieros mundiales. Los inversionistas institucionales y los accionistas individuales exigen resultados trimestralmente, forzando a los directivos de las corporaciones a pensar en términos de muy corto plazo. Por ello, el elemento clave en pos de la verdadera RSC es cambiar gradualmente la mentalidad corporativa de corto a largo plazo. Este cambio sería utópico si no fuese por el poder de presión de los consumidores. El respaldo del consumidor, como se explicó anteriormente, hace la diferencia porque puede contribuir positiva o negativamente a la línea de resultados del valor del accionista. El corolario es que la mentalidad empresarial de corto plazo puede gradualmente cambiarse mediante los consumidores para que incluya estrategias de negocios tanto de corto como de largo plazo, imbuidas de prácticas de RSC, las cuales incrementarán la probabilidad de sostenimiento de la empresa pues no hacerlo será financieramente demasiado arriesgado. 

Democracia, sociedad civil y poder del consumidor

Hasta ahora, poco ha hecho la sociedad civil para movilizar a los consumidores en apoyo de las buenas corporaciones y en contra de las malas, a pesar de los estudios que evidencian la disposición natural de los consumidores a respaldar a las buenas causas mediante sus decisiones de consumo. Una de las razones es que muchas organizaciones de la sociedad civil consideran a los boicots como una estrategia políticamente incorrecta para obligar a las corporaciones a volverse socialmente responsables. No obstante, la mera idea de ser políticamente correcto implica que aquellos segmentos de la sociedad civil que se rehúsan a utilizar el poder de consumo están, por otro lado, permitiendo a las corporaciones comportarse irresponsablemente porque las TNLs saben de antemano que estas organizaciones civiles no denunciarán a las malas corporaciones con los consumidores ni los llamarán a boicot. Estos actores sociales sitúan a la “corrección” política por encima de una ciudadanía corporativa realmente responsable. De aquí que muchas ONGs permiten a las corporaciones desarrollar su propio concepto de RSC a su conveniencia y, de una manera muy irresponsable, después de una cuestionable verificación de un reporte parcial de RSC, las respaldan sin importar si las empresas excluyen las áreas donde saben que no actúan responsablemente. Otras organizaciones civiles preparan iniciativas multi-sectoriales que evitan los “temas delicados”, tal como el tema de los salarios dignos, y las facilitan para el uso liberal de las corporaciones. Este sector no es genuinamente representativo de la ciudadanía porque está jugando el juego que las corporaciones quieren jugar. En consecuencia, para las corporaciones, los boicots de los consumidores son un riesgo remoto y calculado, y en efecto un riesgo muy pequeño hasta ahora. De esta forma, a su pseudo RSC la consideran sólo una inversión táctica para la imagen pública.

Sin duda, en el entorno actual de RSC, la cuestión de utilizar el poder de consumo es muy polarizante y divisiva. Algunas ONGs se rehúsan a lidiar con las corporaciones y se dedican en exclusiva a los boicots y a la denuncia de los agravios sociales, económicos y ambientales corporativos. Otras quieren establecer un entorno de RSC incluyente donde todos los sectores, incluyendo a las corporaciones, estén representadas. Y otras se van al extremo de invitar a las corporaciones a sus consejos e, incluso, a aceptar subvenciones de ellas, cayendo en un obvio conflicto de intereses, mientras, al mismo tiempo, pretenden ser miembros objetivos de la sociedad civil dignos de verificar los reportes de RSC de las mismas corporaciones y ser imparciales. La corrupción y el fariseísmo ciertamente contribuyen significativamente al actual estado anémico de la RSC.

El hecho es que es indispensable incluir la participación de las corporaciones en el desarrollo de la RSC, pues sus puntos de vista deben de ser transmitidos. Incluir a las corporaciones no implica capitular a las demandas impuestas por sus muy privados intereses. Significa darles la oportunidad de hacer lo correcto y de disfrutar sus beneficios al tiempo que también de tomar conciencia de las consecuencias de no hacerlo.

Sin menoscabo de estos argumentos ¿quién determina qué es lo correcto? No debe de ser difícil comprenderlo. Es una cuestión de mínimo sentido común. Si sucede que las corporaciones se enriquecen a costa de la gente porque sus ganancias se generan a costa del bienestar de las comunidades con quienes interactúan directa o indirectamente, dicha práctica no es aceptable. En la real democracia, el bienestar social de todos los rangos de la sociedad siempre tiene que prevalecer sobre los intereses privados de las corporaciones. Por tanto, las empresas tienen que cambiar su hábitos empresariales so pena de vérselas con la  civil organizada, que representa a la gente y a las comunidades. Por ello, son las comunidades y sus organizaciones civiles quienes deben determinar los códigos de conducta social corporativa apropiados para un sistema de mercado sostenible. Para que un sistema social de economía de mercado sea sostenible, todos deben de recibir un beneficio equitativo y, principalmente, los miembros de las comunidades sociales antes que los accionistas de las empresas. En la real democracia es la gente quien tiene que definir qué es hacer lo correcto en términos de RSC, de lo contrario continuaremos en una oligarquía.

Para la sociedad civil no debe de importar si, por otro lado, las corporaciones tienen un gran programa filantrópico de beneficencia y actividad comunitaria o ni siquiera si tienen un programa de RSC selectivo, sólo en las áreas donde están dispuestas a comportarse responsablemente. Tales acciones no les otorgan a las corporaciones el derecho de enriquecerse a costa de las comunidades de manera alguna y, por tanto, tienen que eliminar sus prácticas dañinas. En síntesis: si las corporaciones, para cumplir con las demandas de los inversionistas institucionales para lograr el valor del accionista que los mercados financieros quieren, pagan salarios miserables a algunos o a todos sus trabajadores en cualquiera de sus instalaciones, o violan la legislación laboral local, o subcontratan a trabajadores a través de agentes, o subcontratan su producción para evadir sus responsabilidades, o contaminan de alguna forma, o destruyen o ponen en peligro la herencia cultural de las comunidades donde operan, o sobornan a las agencias gubernamentales que deberían de hacer cumplir cualquier tipo de legislación de negocios; en suma, si dañan de alguna forma las dimensiones económicas, sociales o ambientales de las comunidades donde operan, entonces son ellas las responsables frente a la sociedad civil y están obligadas a eliminar por completo estas prácticas o sufrir las consecuencias de llamar a los consumidores a dejar de consumir sus productos o servicios. De esta manera, para hacer lo correcto, las corporaciones deben de honrar un concepto de RSC donde no existan prácticas corporativas que dañen de alguna forma significativa las dimensiones económicas, sociales y ambientales de sus actividades como resultado de la persecución de alguna meta corporativa. Y, asumiendo que sostenemos a la democracia como nuestro sistema social, entonces las comunidades, materializadas en la sociedad civil organizada, son quienes tienen que determinar qué es lo correcto y establecer un marco apropiado de RSC.

Las corporaciones jamás deben de considerar a la RSC real como un costo. Es su responsabilidad social, la cual ofrece beneficios importantes si cumplen con ella. Si honran a un verdadero marco de RSC, lo pueden usar como una poderosa arma competitiva para hacer crecer su negocio. Es solo la perversa cultura de corto plazo trimestral de valor del accionista que hace que los ejecutivos aborden a la RSC con reticencia. No obstante, en la verdadera democracia, el bien común siempre prevalece sobre el bien privado: el bien corporativo.

Erigiendo a la Real Democracia en el Desarrollo de la Verdadera RSC

En las sociedades realmente democráticas el fin no es el mercado, el mercado es sólo un medio para lograr el bienestar de todos los rangos de la sociedad. El punto de arranque es determinar qué es y no es aceptable en la práctica corporativa. Esto tiene que ser determinado exclusivamente desde una perspectiva democrática y no desde un ángulo empresarial. El único propósito del surgimiento de lo que se llama sociedad civil es colocar a la real democracia por encima de todos los otros intereses. En tiempos donde el mundo ha sido transformado en un mercado global, donde las corporaciones globales son dejadas sueltas para que prosperen y logren su productividad y riqueza máxima, estamos condenados a vivir en una “corpocracia” de mercado a menos que la democracia sea erigida por encima del mercado global. La real democracia tiene el objeto de establecer un contrato social donde todos lo sectores se beneficien del sistema de una manera razonable y equitativa. Por ello, el único propósito de las sociedades democráticas es la consecución del bienestar de todos los rangos de la sociedad. En su lugar, en la sociedad actual, los gobiernos trabajan predominante o exclusivamente para procurar el bienestar de los dueños del capital, especialmente de las TNLs. El dinero ha corrompido a todo el espectro político al permitir a las corporaciones y a otros capitalistas que subvencionen las campañas de la mayoría de los funcionarios elegidos, y, por tanto, los dueños del capital definen la agenda pública de acuerdo a sus intereses. Como a menudo sucede actualmente, se le permite al mercado imponer la estructura que genera el máximo beneficio para quienes controlan el mercado, los inversionistas institucionales y sus corporaciones, a costa de la vasta mayoría de la gente. Las ramas legislativas de la mayoría de los países están crecientemente aprobando legislaciones especialmente diseñadas para permitir a las corporaciones perseguir sus negocios en detrimento de la mayoría de los demás actores. Esto no es verdadera democracia sino una parodia, donde, en la práctica, la corpocracia permite a las empresas, descaradamente, enriquecerse a costa de la gente. Por lo tanto, la sociedad civil es la única que puede cambiar este derrotero mediante la práctica directa de la democracia; y, en el caso específico de la RSC, sólo lo puede lograr blandiendo su poder de consumo.

Para mirar a este problema desde la perspectiva de la lucha cotidiana entre la sociedad civil y las corporaciones, en la determinación de un buen marco de responsabilidad social corporativa, podemos de nuevo hacer uso de los salarios dignos, pues es emblemático de la connivencia entre muchas organizaciones civiles y corporaciones para sostener códigos de conducta de RSC anémicos. Los salarios dignos son sin lugar a dudas el elemento de RSC que genera el mayor grado de tensión y desacuerdo entre la sociedad civil y el empresariado. Esto se debe a que los salarios son el factor de primordial importancia en determinar si los trabajadores están remunerados justamente y si pueden alcanzar una calidad de vida digna. Los salarios también tiene un impacto directo en el estado de la economía. Los salarios de miseria deprimen a la economía mientras que los salarios dignos la energizan.

Sencillamente, si las corporaciones tienen utilidades mientras pagan salarios de miseria, entonces están explotando a sus trabajadores. Si los trabajadores ganan salarios que apenas les permiten sobrevivir, esto daña no sólo a los trabajadores y a sus familias, sino también a las comunidades donde viven y a la economía en su conjunto porque pagar salarios de hambre opera en contra de la generación de demanda agregada y del crecimiento general de la economía mediante los efectos multiplicadores. Si el ingreso disponible en el hogar está deprimido, no se podrá sostener el crecimiento de la demanda y la economía no se expandirá. Además, desde una perspectiva democrática, permitir a las corporaciones enriquecerse a costa de la gente va en contra del principio nato de la democracia: procurar el bienestar de todos los miembros de la sociedad. A escala global, si las corporaciones pagan salarios dignos en las economías desarrolladas porque la democracia ha progresado lo suficiente para lograr participaciones laborales justas, pero las mismas corporaciones pagan salarios de hambre a trabajadores que emplean en países en desarrollo por hacer exactamente el mismo trabajo en la fabricación de productos que serán mercadeados a escala global a un precio global, entonces siguen enriqueciéndose a expensas de la gente. Son una renovación de los “barones ladrones” de la Edad Dorada en los EEUU del siglo XIX.

No obstante, todos los marcos de responsabilidad social corporativa de que tengo conocimiento evaden convenientemente el asunto de los salarios dignos. Las normas de RSC que requieren que las corporaciones se rijan por las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no abordan el problema de los salarios dignos porque estas convenciones sólo se refieren de una forma muy vaga al pago de salarios mínimos que deben de considerar a las necesidades de los trabajadores y sus familias y el costo de vida. Mas no establecen que los salarios mínimos deben de ser iguales a los salarios dignos, mucho menos intentan definir a un salario digno, y al definir al salario mínimo utilizan el nivel general de salarios en el país y los niveles de vida relativos de otros grupos sociales en el mismo país como punto de referencia.14 Por ello, si la economía del país paga salarios miserables en su conjunto, no hay reclamo para cambiar este entorno. La OIT no considera la injusticia de miles de TNLs que se enriquecen a costa de los trabajadores al pagarles una décima parte o menos de lo que pagan en otros países por hacer el mismo trabajo, que en forma alguna provee a estos trabajadores una calidad de vida equivalente a la de sus contrapartes con mayor suerte en otras latitudes. No existe un concepto de la OIT de igual pago (en términos de salario real) por trabajo de igual valor en una economía global, especialmente con respecto a las corporaciones globales. Sólo existe el concepto de igual paga para hombres y mujeres por trabajo de igual valor usando como referencia a la economía local.15 De acuerdo a esta lógica, si los hombres están siendo explotados, las mujeres deben de ser explotadas en el mismo grado pero no más.

Otro ejemplo exhibe claramente la falta de voluntad política prevaleciente entre los gobiernos para siquiera sostener la legislación laboral vigente. Este es el caso de México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). México tiene en realidad relativamente buenas leyes laborales en los libros, aunque no hacen mención alguna de un salario digno; pero las leyes que tiene no son observadas en su mayoría. Para lograr una verdadera diferencia en la vida de los trabajadores mexicanos, se requeriría ejercer una presión externa directamente sobre las corporaciones por parte de los consumidores del Norte para cambiar el status quo. En cambio, la ilusa aplicación de presiones sobre los gobiernos, para que defiendan sus leyes, mediante sanciones comerciales, fuertes multas u otras penas obligatorias impuestas por agencias multilaterales no sucederá sencillamente porque las corporaciones mandan sobre todos ellos. Todos estos actores están permanentemente en connivencia.
Se suponía que el TLCAN debería de haber generado esas presiones. El acuerdo lateral laboral requiere que Canadá, México y EEUU hagan cumplir sus leyes laborales en 11 áreas fundamentales. En el papel, un patrón de incumplimiento puede provocar que se instituya un panel externo de expertos para ordenar una solución. Sin embargo, esta provisión carece de un órgano externo de vigilancia y de verdaderas sanciones a las violaciones que ocurran –este sería el poder necesario que los negociadores del TLCAN conveniente y premeditadamente evitaron incluir.16

El corolario es que la sociedad civil tiene que adoptar una posición que exija a las corporaciones que provean participaciones laborales justas universalmente, so pena de sufrir las consecuencias en caso contrario, pues los gobiernos y sus organizaciones multilaterales no cambiarán el ethos actual. Éstos no aprobarán ninguna legislación que intente poner en peligro el bienestar corporativo porque las corporaciones son sus verdaderos electores. Sólo la gente, organizada como sociedad civil, puede cambiar este derrotero. Y el mayor poder que podemos blandir es el poder de la sociedad civil como consumidores.

Fuente: www.noticias.com

11. Ethical Investment Research Service, 2000.
12. Mark Thomsen. Los Aseguradores Británicos Exigen Responsabilidad Social Corporativa. Social Funds.com, 30 de octubre de 2001
13. Invirtiendo en el Futuro, Encuesta BIE de actitudes en las ciudades sobre los temas ambientales y sociales, BIE, Mayo de 2001.
14. Convención OIT 131 y Recomendación 135
15. Convención OIT 100.
16. Michael Massing, De la Protesta al Programa. The American Prospect, 2 de julio de 2001