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A 20 de Diciembre.

La reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se cerró en Hong Kong con modestos, pero visibles, resultados. Durante una semana, 6.000 delegados de un centenar y medio de países ha negociado para eliminar barreras a sus intercambios comerciales y avanzar así en la liberalización como instrumento de lucha contra la pobreza. Hacer del comercio libre el motor del desarrollo mundial es el lema de la ronda de negociaciones que arrancó en Doha hace cuatro años y que durará hasta finales de 2006; y el hecho de que en las reuniones celebradas en Davos, Cancún y Seattle fuese imposible llegar a ninguna decisión significativa pesaba como una losa. Un tercer descalabro hubiese sido un golpe no sólo para la marcha hacia la liberalización del comercio, sino para la credibilidad y la viabilidad de la propia organización. Afortunadamente, aunque la cita no ha sido desde luego un éxito rotundo, tampoco ha terminado en fracaso total.

Las posiciones de partida eran duras. Mientras los países menos avanzados, liderados por Brasil, querían una reducción de todos los subsidios y aranceles que los gobiernos desarrollados conceden a sus agriculturas, éstos, encabezados por la UE y el propio EE UU, pretendían a cambio la apertura de los mercados industriales, de telecomunicaciones y servicios que las economías menos desarrolladas mantienen bajo fórmulas proteccionistas. Ante lo extremo de las posturas y la dificultad para encontrar puntos de confluencia, el haber alcanzado un acuerdo, aunque insuficiente y poco más que un ambiguo compromiso de mínimos, no es un resultado desdeñable. Se propone un acceso igual a los mercados -sin cuotas ni aranceles- para todos los productos, tanto agrarios como industriales, y que el fin de los subsidios a la exportación agraria por parte de los países ricos sea en 2013, tres años más tarde de lo que inicialmente pedía el Grupo de los 20 (países en vías de desarrollo); se especifican también calendarios para la reducción más rápida de subsidios para productos que, como el algodón, afectan a los países más pobres de África, y cláusulas de salvaguardia para otros países y productos. El haber puesto una fecha, aunque lejana, es objetivamente un logro; especialmente si se tiene en cuenta su coincidencia con lo acordado por la UE en la reciente cumbre de Bruselas en referencia a la reforma definitiva de la política agracia para ese mismo año.

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