A 25 de Mayo.

Por Paqui Arias.

Cinco responsables de la organización no gubernamental Huelva Solidaria han sido detenidos por la Guardia Civil acusados de estafar a unos 40.000 inmigrantes, a los que cobraban por gestionar trámites gratuitos necesarios para su regularización que en ocasiones ni siquiera llegaban a realizar. Según fuentes de la investigación, el fraude podría superar los dos millones de euros.

Un portavoz de la Guardia Civil señaló que la 'operación Comuna' comenzó a gestarse hace más de un año a raíz de las denuncias presentadas por varios extranjeros socios de esa organización. Los cinco detenidos, que constituyen la junta directiva de Huelva Solidaria, fueron interrogados y quedaron puestos en libertad a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción 3 de la capital onubense, que decretó el secreto sumarial. Están acusados de un delito contra las administraciones públicas y otro de estafa continuada. Las investigaciones siguen abiertas, por lo que la Guardia Civil no descarta más detenciones.

Fuentes de la investigación aseguraron que la ONG cobraba unos 50 euros por empadronar a los inmigrantes, un trámite que es gratuito. El presidente de Huelva Solidaria, Manuel Rodríguez, afirmó que "lo será para los políticos. Nosotros no somos políticos y necesitamos dinero para organizar y ayudar". Este individuo, uno de los cinco detenidos, explicó que su organización "se decantó hace tiempo por la autofinanciación". "Hemos actuado lo más claro posible". La Administración siempre ha tenido conocimiento de nuestras actividades".

Para defender su inocencia, Manuel Rodríguez explicó que "a los socios se les cobra una cuota en función de las circunstancias". Se quejó de que la operación policial es "una zancadilla más que nos han puesto" por encargarse de "la gestión privada de los indocumentados que están en condiciones de semiesclavitud".

El presidente de la asociación aseguró que existe un depósito a través del cual "se les está devolviendo el dinero a las personas que hayan considerado que no se debía cobrar estos trámites". "No sabemos qué delito se nos imputa, somos una asociación de 3.500 socios que no tiene otros ingresos que no sean los de las cuotas".

Según el defensor de los detenidos, el abogado Fernando Molina, este modo de financiación "es absolutamente legal". "Al ser una organización que no recibe ayudas ni subvenciones públicas, necesita captar fondos por los servicios que ofrece. Así se les explicaba a los inmigrantes", aseguró Molina.

No es la primera vez que esta supuesta asociación sin ánimo de lucro es sospechosa de fraude. El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva mantiene abierta una investigación a Rodríguez y dos excolaboradores por otro presunto delito de estafa a una decena de inmigrantes por el cobro de servicios inexistentes. Entre otros, denunciaron la organización de viajes para sus familiares que nunca realizaron o la tramitación de solicitudes de regularización para extranjeros que no cumplían los requisitos exigidos por el Gobierno. El juez está a la espera de localizar a los antiguos miembros de la ONG, en paradero desconocido.

Fuente: www.elcorreodigital.com