El mundo se desvela y se esconde en las estanterías de cualquier supermercado. Detrás de cada paquete hay una historia, y no todos los relatos que contienen son de ensueño. «Había una vez mucha pobreza», versan algunos. Y más de 240 millones de niños trabajando sin descanso. La 'letra chica' de los envases -esa que no se ve porque no hay nadie que la escriba- cuenta que estos chavales tienen entre cinco y diecisiete años y el 30% de ellos todavía no ha cumplido los diez. Muchos ni siquiera llegarán a la adolescencia. Mientras la mitad realiza sus labores en condiciones «extremadamente peligrosas», hay 22.000 que, cada año, mueren en un accidente laboral. Manejan herramientas. Pero no saben jugar.

«Los niños trabajadores de hoy son los adultos desempleados del mañana», resume la Coordinadora Estatal de Comercio Justo en España (CECJ). La explotación infantil es uno de los rostros más amargos del mercado, aunque no el único. Los bajos sueldos -«que condenan a los trabajadores a ser esclavos de la pobreza»-, la desigualdad salarial en función del sexo, la sobreexplotación medioambiental -«que compromete el desarrollo de los países empobrecidos»- y la ausencia de derechos laborales son otras facetas igualmente «preocupantes» de la realidad actual.

Las organizaciones de comercio justo llevan más de veinte años trabajando en Europa -casi una década en España- con el objetivo de paliar una situación de desigualdad de oportunidades. Hasta el mes pasado, las gestiones en nuestro país se realizaban a través de la coordinadora y de diversas ONG que, de manera conjunta, promovían la venta de mercadería producida bajo los criterios del comercio justo en tiendas especializadas. No obstante, las instituciones han decidido dar un paso más: llevar estos artículos a los supermercados y las grandes superficies, distinguiéndolos del resto con un aval de calidad. ¿Cómo? «Mediante un sello».

La etiqueta internacional de comercio justo -'Fairtrade', en inglés- garantiza a los consumidores que los productos certificados no se han elaborado en condiciones de desigualdad ni con explotación infantil. Comenzará a verse en los próximos días en varias cadenas de supermercados y, en principio, avalará a algunas marcas de té, café, chocolate y azúcar. La Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo pretend con ello «apoyar a los productores» en Asia, África y América del Sur mientras extiende el trabajo realizado hasta ahora por las ONG.

Reglas «muy estrictas»

«En total, hay quince tipos de artículos que hoy cuentan con el sello de comercio justo. Nosotros elegimos estos cuatro para empezar porque son de consumo masivo», explica el director de la asociación en España, Pablo Cabrera. «La idea es ampliar la gama a partir del año próximo». La etiqueta 'Fairtrade', que comenzó a gestarse en España en 1999, fue aprobada en 2004. En julio de este año «se creó la entidad que la respalda» y actualmente «varios supermercados se han comprometido a la venta de las mercancías certificadas», asegura Cabrera. En Carrefour, por ejemplo, se vende café de Colombia y té de Sri Lanka, «ya que la compañía desea responder a la demanda de un consumidor cada vez más sensible a los problemas de su entorno», corrobora Fernando Martín, el director de comunicación.

El sello «garantiza que se cumplen determinados estándares en el proceso de producción», unas reglas «muy estrictas» que establece la Faitrade Labelling Organization (FLO), entidad de carácter internacional que está presente en 19 países de Europa, América del Norte y Asia. Pero, más allá de estos criterios, ¿qué mecanismos se utilizan para asegurar que los artículos cumplen las condiciones establecidas?

«Hay un organismo paralelo, Flocert, que se encarga de verificar que todo funcione como es debido», explica Pablo Cabrera. Mientras la FLO promueve estándares «muy claros y cuantificables», esta otra institución «asegura su cumplimiento mediante el trabajo de varios inspectores».

«Estos expertos van una vez por año a las cooperativas, donde verifican las cuentas y entrevistan a los trabajadores», explica Joaquín Muñoz, miembro de la junta directiva de Max Havelaar France, el equivalente galo de 'Fairtrade'. Una vez que concluye la visita, los auditores redactan un informe que fija si la cooperativa «cumple o no los criterios imperativos».

«Se trata de las condiciones que deben respetarse sí o sí. De no hacerlo, la organización les quitaría el sello», subraya Muñoz. Debido a la gravedad de las consecuencias, el parte de los inspectores no llega a tener el carácter de sentencia por sí solo. Para ello necesita de un paso posterior: el expediente debe elevarse a un comité de control, «un juzgado integrado por expertos en certificación -describe Muñoz- quienes deciden sobre la continuidad o no del aval».

El proceso, conformado actualmente por unos veinte inspectores, pone en evidencia algo más: la etiqueta 'Fairtrade' «es renovable» con carácter anual. Dicho de otro modo, las 450 organizaciones de productores que forman parte del sistema deben mantener su compromiso con el comercio justo de manera permanente si no quieren ser excluidas.

Y lo cierto es que hay muchas ventajas en juego como para ponerlas en riesgo. «El nivel de vida de los campesinos aumenta, la gente se autonomiza y se capacita para hacer valer sus derechos. Las cooperativas pueden pedir subvenciones a los gobiernos locales y aumentar allí sus ventas. El sello les sirve como una carta de visita y les ayuda a encontrar otras salidas de mercado», declara el directivo de Francia, donde ya se ofrece «un millar de productos con este aval» y donde el 20% de la población asegura comprarlos de modo frecuente.