A 27 de Septiembre.

Con motivo de la celebración mañana del Día Mundial del Derecho a Saber, el coordinador del Proyecto FOI ('Freedom Of Information') en España y experto de la consultora especializada Sustentia, Juan José Cordero, ha recordado que la ciudadanía "debe exigir su derecho a tener libertad de acceso a la información pública, como forma de participar y controlar la gestión de sus gobernantes". "La desprotección de este derecho en España se hace todavía más evidente al comparar su situación con la de otros países del mundo con menor nivel de desarrollo", recuerda en un comunicado.

A su juicio, la información que manejan las Administraciones Públicas "debería ser accesible a todas las personas, sin ningún tipo de restricción", y aquella información clasificada como secreta, reservada o confidencial, "debería ser una excepción destinada a proteger otros derechos, como la intimidad o la seguridad nacional, y estar claramente delimitada por la ley".

El derecho de acceso a la información pública se ha convertido en un parámetro para calibrar el grado de desarrollo democrático. En total, 63 países de todo el mundo tienen hoy leyes que establecen los mecanismos para que la ciudadanía solicite y reciba información pública.

Así, en los últimos 13 años, 45 países han aprobado leyes de Acceso a la Información o de contenidos equivalentes. Son los países ex-comunistas de Europa Central y del Este los que lideran este proceso de consagrar el derecho de acceso a la información en leyes, seguidos por algunos países latinoamericanos. También varios gobiernos de Asia y África están viéndose arrastrados por este movimiento global de libertad de información.

La democracia española, alerta Cordero, "sale mal parada" si se la analiza de acuerdo a este parámetro de transparencia, tanto a nivel legislativo, como en el propio ejercicio práctico del derecho, tal y como demuestra el estudio 'Transparency and Silence' realizado por Open Society Justice Initiative en 14 países, el que ha participado Sustentia en el análisis de España, y que será presentado en octubre.

A nivel práctico, y según las conclusiones de este estudio, "es más difícil conseguir una respuesta de una Administración Pública en España, que en países como Bulgaria, Rumania, Armenia, México, Perú o Francia". Argentina y Chile quedan a la par con España, donde sólo el 24% de las solicitudes que se enviaron obtuvieron una respuesta satisfactoria y sólo Macedonia, Sudáfrica, Ghana, Kenia y Nigeria tienen resultados peores.

La mayoría de los países objeto del estudio "tienen un importante problema de credibilidad de sus instituciones públicas después de muchos años de corrupción e ineficacia, y donde el poder de lo estatal no tenía claros límites y su ejercicio se desarrollaba entre la discrecionalidad y el secretismo", recuerda el experto de Sustentia.

En su opinión, la transparencia y la credibilidad de las instituciones públicas "estimula la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, reforzando su pertenencia y responsabilidad respecto del grupo".

Los pasos a seguir, teniendo en cuenta la experiencia de otros países, son claros. Trabajar en dos frentes, por un lado en el legislativo, aprobando una ley que consagre el derecho de acceso a la información pública según los estándares internacionales y estableciendo el desarrollo normativo necesario para que se ponga en práctica en todas las instituciones públicas.

Y por otro, decodificar este derecho a nivel social, de tal modo que permita explicar a todos los miembros de la sociedad (personas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, empresas, etc) cómo el acceso a la información puede marcar una diferencia a la hora de tomar una decisión en cuestiones públicas y de la vida diaria, o cómo potencia las posibilidades de los medios de comunicación para obtener información.

"La información es poder, la información pública es poder para todos y por ahí pasa el construir una sociedad realmente democrática", concluye Cordero.

Fuente: Europa Press