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Numerosas autoridades públicas han empezado a desarrollar iniciativas de contratación pública responsable y fomento de la cooperación al desarrollo mediante el Comercio Justo. Dichas instituciones se apoyan en tratados y declaraciones internacionales que muestran su reconocimiento hacia estas prácticas como herramientas clave para alcanzar un desarrollo sostenible y a las Administraciones Públicas como actores indispensables en la consecución de estos objetivos.
A nivel autonómico
Actualmente los gobiernos autonómicos y locales son los que mayor impulso está realizando por el desarrollo sostenible. A nivel autonómico, las comunidades que reconocen en sus leyes de cooperación el Comercio Justo son: Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Navarra. Fuera del ámbito de la cooperación y de forma no vinculante, el Comercio Justo ha tenido un reconocimiento parlamentario con Proposiciones No de Ley y Resoluciones en diversas comunidades como Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y el País Vasco.

Destacamos la creación de la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica. Esta red está formada por administraciones públicas que desean tomar medidas para luchar contra la explotación laboral de trabajadores y trabajadoras de los países empobrecidos. Con la introducción de criterios éticos en la compra pública de ropa pretenden implementar mecanismos que permitan asegurar que la ropa utilizada por trabajadores y trabajadoras de nuestras administraciones públicas ha sido confeccionada libre de explotación e injusticias. La propia Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona o el Ayuntamiento de Tarragona entre otros, pertenecen a esta red. Con la compra de productos de Comercio Justo, las administraciones públicas colaboras a hacer cada vez más presente este tipo de comercio alternativo en el territorio catalán.
Más información sobre acciones de buenas prácticas llevadas a cabo por entidades locales públicas, pincha aquí.
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