Las Administraciones públicas son parte activa del mercado debido a su papel como consumidoras de bienes y servicios. Se estima que el gasto público en productos, servicios y obras supone alrededor del 16% de PIB total de la unión europea, lo que confiere a las administraciones públicas la posibilidad de ejercer como elemento tractor en el mercado y enviar una señal clara a la población.

La Contratación Pública Responsable consiste en que las administraciones tomen en consideración elementos que van más allá del precio y las características técnicas del producto o de la empresa proveedora a la hora de contratar bienes o servicios, es decir, que la decisión se tome valorando, entre otras cosas, el proceso de producción de dicho bien y bajo qué condiciones sociales, éticas y ambientales se ha desarrollado su ciclo de vida.