Madrid,  abril 2007

EUROPA PRESS

La subdirectora general de Régimen Interior y Patrimonio del Ministerio de Medio Ambiente, Soledad Sanz, aptuesta por ampliar el concepto de “compra pública responsable” al de “contratación pública responsable”, porque los bienes y servicios que adquiere la Administración pública (que equivalen al 16% del PIB de toda la UE) van más allá de la simple compra de productos.

Durante su intervención en la Jornada sobre Compras Responsables organizado por Forética en el madrileño Hotel Wellinton, Sanz explicó que el gasto de la Administración en compras públicas en 2005, por ejemplo, fue equivalente a la mitad de PIB de Alemania, y eso "es mucho", de ahí la necesidad de convertirse en motor, impulsor y ejemplo de compra responsable.

El concepto nació 'oficialmente' en la Declaración de Lisboa de 2000, donde se estableció la necesidad de que la economía europea fuera, además de dinámica y competitiva, "también más eficiente y sostenible antes de 2010". Desde el 1 de enero de este año las directivas europeas que comenzaron a surgir para incluir criterios ambientales y sociales en las compras y contratos públicos desde 2001 son directamente aplicables en cada país, por lo tanto, según Sanz, es hora ponerse 'manos a la obra'.

Así, se pueden incorporar criterios ambientales y de eficiencia en el objetivo del contrato, en las prescripciones técnicas, en la selección de proveedores y hasta en la misma adjudicación del servicio y ejecución del contrato --uso de materiales no tóxicos, gestión de residuos obligatoria, eficiencia energética, uso de energías limpias en la construcción o rehabilitación de edificios públicos, así como en alimentación y hasta en los productos textiles de los funcionarios--.

Así, los siete países más 'verdes' en esta materia resultaron ser Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suecia, Países Bajos y Reino Unido (más Noruega, que no forma parte de la UE). Todos ellos tienen un número mayor de pliegos 'verdes', mucho más apoyo político que el resto de países europeos, así como directivas nacionales y planes de acción nacional de fomento y ayuda a las compras públicas 'verdes'.

Sin embargo, y pese al crecimiento en la concienciación de este tipo de compra pública, Sanz se refirió a obstáculos que aún persisten para su 'despegue' definitivo, como la percepción de que los productos y servicios 'verdes' son más costosos --una percepción, "que no una realidad", según Sanz--, la falta de conocimiento sobre cómo desarrollar criterios medioambientales, la falta de apoyo en la gestión --dinero y tiempo-- y de un enfoque estratégico, así como de políticas institucionales claras que se promuevan a nivel europeo.

Sanz aludió también a la falta de "formación e información" de los funcionarios relacionados con las compras públicas. Como los productos --por sectores-- que más impacto causan, por su importancia, en la Administración pública, Sanz destacó la construcción, el transporte, los productos y servicios de limpieza, los textiles y la electricidad.

La idea es ponerlo en práctica a la vez que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que quiere introducir criterios sociales, además de ambientales, en las adquisiciones públicas, según rezan su Preámbulo. Pese a todo, "aún queda mucho camino por recorrer", concluyó Sanz.