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ONG piden en el Congreso que las compras públicas den preferencia al comercio justo
El Congreso está elaborando la Ley de Contratos del Sector Público y, por primera vez, menciona al comercio justo en su preámbulo. La Coordinadora de Comercio Justo reclama que se incorpore además en el articulado y defina sus criterios.
 Olga Berrios / Redacción (26/02/2007)
Las ONG quieren que el comercio justo tenga preferencia cuando el Gobierno realice una compra pública.
Por eso la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) compareció el pasado 19 de febrero ante la comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados para participar con sus propuestas en el proyecto de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los ponentes fueron Andrés González, presidente de la CECJ, y la responsable de Compra Pública Ética de Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS), Laura Rodríguez, que destacaron la importancia de que la futura ley contemple por primera vez el comercio justo “como un referente social y medioambiental a tener en cuenta en las políticas de compra pública”.
Esta iniciativa legislativa hace referencia en su preámbulo al comercio justo. Sin embargo, la CECJ teme que esta referencia se quede “en una declaración de intenciones” y reclama que tenga presencia en el articulado.
Así que ha elaborado una propuesta de enmiendas que, según Andrés González, deberían incluirse en la futura ley para definir el comercio justo de forma “más explícita”, es decir, para que no se considere como tal servicios y productos con estándares menos exigentes.
Además, también proponen que -en las condiciones de los contratos- se contemple normas internacionales como las de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente cuando exista deslocalización en la cadena de producción.
Ya existen experiencias
La inclusión de criterios de comercio justo en los contratos públicos es ya una realidad para numerosas administraciones centrales, regionales y locales y especialmente para las instituciones de la Unión Europea.
| "Una de las responsabilidades de la Administración pública es dar ejemplo a la hora de consumir de forma responsable y solidaria" |
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao ha establecido la obligatoriedad de la inclusión de dos productos de comercio justo en las cestas de Navidad para sus empleados y la Universidad Autónoma de Barcelona establece que el café de sus máquinas expendedoras también provenga del comercio justo.
La intención de las ONG es formalizar esta realidad a través de una ley nacional, porque, como argumenta María Herranz de la CECJ, “una de las responsabilidades de la Administración pública es dar ejemplo a la hora de consumir de forma responsable y solidaria”.
Una de las entidades que más trabaja en este punto es Setem. Durante el año 2006 numerosas instituciones públicas, entre las cuales la Generalitat de Catalunya, la Guardia Urbana de Barcelona o el Ayuntamiento de Sitges, optaron por máquinas expendedoras acreditadas por esta organización dentro el programa 'El Buen Café'. En total son ya 584 máquinas (145 más que en 2005) las que sirven café de comercio justo en Cataluña.
Por su amplio volumen de contratación de obras, suministros y servicios, la Administración Pública ejerce una fuerte influencia en distintos ámbitos económicos y sociales. En España, esta actividad mueve un significativo porcentaje del presupuesto público, situándose en términos generales entre un 16 y 18 por ciento del Producto Interior Bruto.
Más información:
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ)
Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS)
Setem
Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, texto aprobado en julio de 2006, archivo pdf de 224 páginas
Consulta más noticias sobre comercio justo publicadas en Canal Solidario
Fuente: Canal Solidario-OneWorld 2007
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