Según los datos presentados durante el encuentro, el 75 por ciento de las compañías "no cumple con la obligatoriedad de reservar un cupo de contratación del 2 por ciento de su plantilla, tal como exige la Ley de Integración Social de Minusválidos, LISMI". Los expertos coinciden en señalar que las empresas se enfrentan al reto de hacer compatible la solidaridad, la ley y la competitividad, "pero no les ha sido fácil". Por ello, "se hace necesario un incremento y un endurecimiento de las medidas para cumplir esta legislación".

En este sentido, el responsable del Servicio de Integración laboral del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Madrid (CRMF), Juan Carlos Lózar, explicó que, según un informe del Centro de Estudios Económicos, los problemas con que se encuentran las personas con discapacidad para acceder al empleo "van más allá de la discriminación laboral" e incluyen desde las deficiencias de formación y falta de experiencia, hasta el excesivo mimo familiar, los múltiples prejuicios sociales o la falta de accesibilidad a las instalaciones de las empresas.